Surrbac

Este viernes se realizó una asamblea del Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Se fijó el 4 de enero como fecha de elecciones. Para la oposición la asamblea fue ilegal.

La conciliación durará por los próximos 15 días, a la vez que se convocó a las partes para el próximo lunes 3 de febrero "con el fin de que constituyan una amplia mesa de diálogo y negociación, para el tratamiento de todas las cuestiones que son parte del conflicto”.

Según confirmaron desde la Municipalidad de Córdoba, la suspensión de un empleado de una de las firmas motivó que el gremio resintiera las tareas con un paro que no fue total.

El juez federal Bustos Fierro ordenó además trabar bienes por 20 millones de pesos a Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Además solicitó la intervención del sindicato.

El Sindicato de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) decidió trabajar “bajo convenio" desde el martes por la noche, decisión tomada en el marco de la discusión paritaria.

Fue resuelto por el camarista Luis Rueda. El juez federal continuará a cargo de la causa que investiga el presunto lavado de dinero.

El juez Bustos Fierro derivó la decisión a la Cámara Federal de Apelaciones.

El fiscal federal Enrique Senestrari, quien entiende en la investigación de Surrbac por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita, le solicitó al juez de la causa que mantenga las detenciones de los sindicalistas.

“Nosotros no podemos manejar los tiempos. Me parece comprensible la sospecha, pero no nos manejamos de esa forma. A veces se dan coincidencias. Pero cuando las pruebas se acumulan, y hay chances de detenciones y secuestros, uno tiene que actuar”

Se secuestraron de las viviendas de los titulares y de la mutual oro, relojes, autos de alta gama, dinero en efectivo, entre otros elementos.

Lo confirmó uno de los representantes legales defensores. Los Los líderes del Surrbac serán alojados en la alcaidía de los Tribunales Federales de Córdoba.Se investiga un supuesto lavado de dinero.

La orden fue dictada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Las aprehensiones y allanamientos fue en el marco de la causa por lavado de dinero. Los directivos están imputados por el delito de usura.