Internacional Por: El Objetivo20 de agosto de 2021

Cuestionaron la política exterior del Gobierno respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua

La División de las Américas de Human Rights Watch, a través de su director José Miguel Vivanco, se manifestó por las posiciones adoptadas por la Administración de Alberto Fernández: "El Gobierno argentino tomó decisiones muy desafortunadas".
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Foto: gentileza

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tildó de “contradictorias” las posiciones adoptadas por el Gobierno frente a las situaciones políticas y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela. “El Gobierno argentino ha tomado decisiones muy desafortunadas porque son contradictorias con un Estado que ha estado comprometido hasta ahora con la causa universal de los Derechos Humanos”, aseguró el chileno.

El integrante de la organización de derechos humanos apuntó contra las medidas en materias de política exterior de Alberto Fernández y aseguró que es “perfectamente legítimo tener una opinión en rechazo a las sanciones unilaterales por parte de Washington", pero que “no se puede creer que el jefe de Estado argentino, que está informado de los abusos policiales en Chile y el Colombia, y los ha condenado públicamente, escoja no emitir una opinión sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cuba”.

En esta línea, Vivanco declaró que en la isla hay detenciones por actividades pre delictivas dado que “sin su debido proceso, las autoridades del Estado sospechan que una persona puede cometer un delito”. Y agregó: “Un delito en Cuba, óigase bien, es ejercer el periodismo. Literalmente lo está en las leyes. Hay una serie de actividades que están prohibidas. Una de ellas es el ejercicio del periodismo. También el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos”.

En referencia a las medidas del Gobierno frente a la situación en Nicaragua, Vivanco afirmó: “Que Argentina junto con México haya invocado la política de la no injerencia, me parece que, en el caso argentino, significa renunciar a la obligación jurídica y hasta ética de velar por la causa de los Derechos Humanos”. (NA)

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