La Legislatura presentó un compendio de leyes culturales de los últimos 40 años

En el año 2019, la Unicameral cordobesa aprobó la Ley 10621, normativa que establece la confección de un Digesto Jurídico y Consolidación de leyes de la Provincia de Córdoba, a fin de iniciar un proceso de orden y sistematización de la legislación provincial.

“Las normas tienen un valor ordenatorio de la vida social de las personas y de la comunidad como tal. De allí, la importancia para nuestra sociedad de la publicidad y conocimiento de las leyes por todas y todos sus habitantes”, indicaba en sus argumentos el proyecto convertido en ley.

Con este antecedente, la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura a cargo de Emmanuel Hernández, elaboró una “Compilación de Leyes Culturales”, documento que fue presentado en las “Jornadas sobre Legislación Cultural”, realizadas el 28 y 29 de septiembre. El evento, organizado por el Poder Legislativo, convocó a diferentes actores y organizaciones que bregan por promover la cultura en todos los rincones de la provincia.

Este trabajo de recopilación de normas – que van de diciembre 1983 a diciembre 2022 -, fue puesto a disposición de las mesas de trabajo previstas en este encuentro, con el fin de analizar las clasificaciones propuestas y relevar las demandas de los sectores.

Miguel Novero es miembro de la Dirección de Asuntos Culturales de la Legislatura, e integra el equipo de la Unicameral que asumió el compromiso de elaborar esta “constelación de leyes”. Desde su experiencia, explicó los alcances de la iniciativa.

“El proyecto surge a partir de un trabajo conjunto de sistematización y de la demanda de los gestores culturales que integraban la Red de Gestión Cultural Pública, que la Legislatura integra. Con este producto queremos generar una herramienta que ayude a los gestores culturales en la cotidianeidad de su tarea, para que puedan hacer su trabajo en el marco de lo que las normas contemplan”, indicó Novero.

Una vez recopiladas, las leyes debieron ser organizadas y clasificadas. En esta instancia se recibió el asesoramiento de Abogadxs Cuturales Córdoba, una organización sin fines de lucro que defiende jurídicamente a artistas y espacios culturales autogestivos e independientes.

La abogada Mercedes Chapman forma parte de esta entidad y participó en la etapa de filtrado de las leyes.

“Lo que hicimos fue seleccionar las normas que están vinculadas con cultura, para luego desarrollar algunos criterios de clasificación. Hemos arribado a seis categorías que tienen que ver con: patrimonio cultural, institucionalidad pública, artes visuales y plásticas, artes audiovisuales y radiodifusión, artes literarias y bibliotecas y también artes escénicas, sonoras y festivales. Luego estas categorías las subclasificamos para trabajar con todos los sectores y ver qué tenemos pendiente”, indicó la especialista.

Para Chapman, “debemos que conocer las leyes vigentes, pero para conocerlas tenemos que tener accesibilidad. En eso está trabajando la Legislatura, en poder publicar de una manera digital para que todos tengamos acceso de una manera fácil y rápida, para así conocer las leyes que regulan a cada uno de los sectores”, reflexionó la profesional de Abogadxs Culturales Córdoba, al opinar sobre la importancia de arribar a un digesto.

Durante el trabajo de clasificación la especialista observó como “curioso” que algunos sectores tuvieran más leyes que otros: “Creo que tiene que ver con el protagonismo de algunos sectores a la hora de luchar por sus derechos y regulaciones. Es hora que esos sectores más desfavorecidos comiencen a empoderarse y amigarse con el derecho, con las normas, y que comencemos a construir una agenda en común”, reflexionó Chapman.

Luego de dos jornadas de análisis y deliberaciones, actores y representantes de organizaciones culturales propusieron criterios de revisión, clasificación y sistematización de las leyes compiladas por la Legislatura, como puntapié de lo que será el futuro Digesto Jurídico de Cultura de Córdoba.

La compilación de leyes que presentó la Legislatura también fue posible gracias al asesoramiento de la licenciada Milagros Ortiz, docente e investigadora que en el 2003 trabajó sobre el primer mapa cultural de Argentina, la Red de Gestión Cultural Pública, entre otros.