La ciudad de Río Tercero sigue de luto. Pese al paso de los años, el pedido de justicia sigue vigente. La comunidad toda fue víctima de una de las peores situaciones que se vivieron en la etapa de recuperación democrática que arrancó en 1983.

El Poder Judicial determinó, luego de muchos años, que el episodio trágico se originó en la intención de encubrir un grave delito: el tráfico de armas en el que estaban involucradas altas autoridades del país.

La explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero desnuda a la sociedad argentina, expone su faz más repudiable: la que consagró la impunidad, la que se olvidó de la Ley, de la Verdad, de la Justicia.

En pocos meses se sentará en el banquillo de los acusados a un ex presidente de la Nación. Se trata de un personaje central de la historia política del país. Se trata de un hombre con las manos manchadas de sangre, porque bajo su gobierno se dieron los más terribles atentados que sufrió el país y que aún no fueron esclarecidos. La tardía Justicia argentina dijo que en su gobierno el país se hundió en el lodazal más infame, al involucrarse con absoluta impudicia en el tráfico de armas.

Ese hombre fue el más votado en la elección que se produjo luego de la crisis del 2001. Ese hombre goza del tratamiento especial de la complacencia de los sectores políticos que dicen una cosa y hacen otra, que se dicen progresistas y están hermanados con él en su ambición de poder.

Al pueblo de Río Tercero se le debe todo, no solo la remediación que implica el juzgamiento. A la Constitución Nacional se le debe todo, porque se le falta el respeto y se la incumple con absoluto desprecio.

A veinticinco años de una de las páginas más horrendas de la historia argentina no basta con un minuto de silencio, es preciso el grito profundo, visceral, para seguir exigiendo la justicia elemental para ellos, los que vivieron el drama y los que no queremos más sangre hermana derramada.