La Legislatura de Córdoba se pronunció a favor de la inclusión de mujeres en la Corte Suprema

La Legislatura de Córdoba aprobó el rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de nominar a dos jueces varones para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vulnerar la paridad de género que el Estado debe asegurar. Además, acordó instruir a los senadores nacionales por Córdoba para que no avalen los pliegos de las designaciones hasta tanto no se garantice la inclusión e igualdad de las mujeres para la cobertura de vacantes. La iniciativa estipula también que se siga igual criterio en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. 

El primero fue un proyecto de declaración promovido por el bloque Construyendo Córdoba y por la legisladora Julieta Rinaldi, de Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el segundo fue impulsado por los legisladores opositores Brenda Austin, Dante Rossi, Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Carmen Pereyra, Patricia Botta, Daniela Gudiño y Graciela Bisotto. 

Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría y contaron con las abstenciones de Rodrigo Agrelo, Gregorio Hernández Maqueda, Walter Nostrala, Daniel Juez, Nancy Almada y Luciana Echevarría. 

A la hora de fundamentar su posición, Austin sostuvo: “Sin mujeres en la Justicia, no puede haber mejor justicia. En la base el 57% son mujeres, pero en los cargos de mayor jerarquía no llegan al 30%. Esto demuestra que donde no hay normas de acción positiva que favorezcan su participación en los órganos de toma de decisiones, esta per se no crece”. 

Por su parte, Pereyra expresó: "Cuestionamos que no se hayan considerado trayectorias y antecedentes de tantas magistradas que reúnen excelentes condiciones para formar parte de la Corte Suprema de Justicia”. Y añadió: “Es un retroceso en pleno siglo XXI tener una Corte integrada solamente por varones”, e indicó que, de igual manera, la equidad de género deberá ser el criterio a seguir al momento de nominar integrantes al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Finalmente, Julieta Rinaldi celebró el tratamiento en conjunto y las coincidencias alcanzadas entre los distintos bloques sobre varios aspectos de los proyectos.  

Otros proyectos tratados

La Unicameral aprobó en general y en particular una ley de adhesión a la Ley nacional N° 27.671 de capacitación obligatoria en la “Cuestión de las Islas Malvinas” para todos los agentes y funcionarios públicos. El proyecto fue iniciado por el oficialista Facundo Torres Lima y aprobado por todos los legisladores presentes, a excepción de Luciana Echevarría, quien se abstuvo. En la sesión, se reivindicaron a los ex combatientes de Malvinas y se hizo un revisionismo sobre el contexto histórico en el que ocurrió la guerra. 

La Legislatura de Córdoba también aprobó una ley para declarar a la lengua ranquel como parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de la provincia en todas sus formas de manifestación. Se trata de un proyecto de ley con despacho iniciado por el ex legislador Franco Miranda. 

Durante la sesión se confirmó la presencia del presidente del Directorio de Apross, Pablo Venturuzzi, la próxima semana en la Comisión de Salud, para que informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (Fosaet), estructura de costos de coseguros, demanda de medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas, capacidad de respuesta a los usuarios y Fondo de Enfermedades Catastróficas.

Por otra parte, se rechazó el proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio que solicitaba el apartamiento del cargo del ministro de Cooperativas y Mutuales provincial, Martín Gill, debido a las imputaciones existentes en su contra, hasta tanto se resuelva el proceso judicial que lo tiene implicado. La misma decisión se tomó sobre otro proyecto iniciado por legisladores opositores, que promovía el juicio político a Gill a los efectos de removerlo del cargo. En este caso, se registraron abstenciones de los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza. 

Por último, se resolvió volver a comisión el proyecto de declaración de emergencia agropecuaria por la afectación en los cultivos de maíz, producidas por la chicharrita, en todo el territorio provincial. Y se aprobaron 29 proyectos de declaración sobre distintos asuntos y temas (interés legislativo, homenajes, beneplácitos, adhesiones, reconocimientos).