La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar encabezada por Estados Unidos reabre un debate tan incómodo como urgente para América Latina y el mundo: ¿hasta dónde puede llegar una potencia extranjera en nombre de la democracia, y a qué costo?

El punto de partida es claro y no admite ambigüedades. Independientemente de que Nicolás Maduro sea considerado por amplios sectores de la comunidad internacional como un dictador, autoritario o ilegítimo, esa calificación no justifica automáticamente una intervención militar extranjera unilateral. Mucho menos cuando es liderada por una potencia global y ejecutada por fuera de los marcos del derecho internacional y los organismos multilaterales.

La peligrosa lógica del “fin que justifica los medios”

La idea de que un gobierno considerado antidemocrático habilita el uso de la fuerza ha sido utilizada una y otra vez como argumento político. Sin embargo, la historia reciente demuestra que esa lógica suele producir más caos que soluciones.

Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos vuelve a privilegiar una visión del poder basada en la acción directa, el unilateralismo y la demostración de fuerza. El mensaje es contundente: si un gobierno resulta incompatible con los intereses estratégicos de Washington, la opción militar vuelve a estar sobre la mesa.

El problema es que ese mensaje no distingue entre aliados y adversarios, ni entre América Latina y otros escenarios de conflicto. Sienta un precedente que erosiona la soberanía de todos los Estados de la región.

Irak y Afganistán: antecedentes que no pueden ignorarse

Venezuela no es Irak ni Afganistán, pero los antecedentes pesan. En ambos casos, Estados Unidos intervino militarmente con argumentos que combinaban seguridad, democracia y estabilidad regional. El resultado fue devastador.

Irak quedó atrapado durante años en una espiral de violencia, fragmentación institucional y conflicto interno. Afganistán, tras dos décadas de ocupación militar, terminó con un Estado colapsado y el retorno al poder de los mismos actores que se buscaba eliminar.

En ninguno de los dos casos la intervención trajo estabilidad duradera, desarrollo económico ni fortalecimiento democrático. Por el contrario, dejó sociedades profundamente dañadas, millones de desplazados y Estados más débiles que antes.

El costo para Venezuela y la región

Para Venezuela, el costo potencial de una intervención de este tipo es enorme. No solo en términos políticos, sino también sociales, económicos y humanos. La militarización del conflicto interno puede profundizar la crisis, agravar la situación humanitaria y generar un escenario de violencia prolongada.

Pero el impacto no se limita a las fronteras venezolanas. América Latina, históricamente ajena a las guerras entre Estados y a las intervenciones militares directas de potencias extranjeras en el siglo XXI, queda expuesta a un cambio de paradigma peligroso.

Si hoy se justifica una operación militar en Venezuela, mañana cualquier país de la región podría quedar bajo la misma lógica. Gobiernos débiles, crisis económicas o conflictos internos pasan a ser factores de riesgo en un continente que siempre apostó, con mayor o menor éxito, a la resolución política de sus diferencias.

Una línea que no debería cruzarse

La discusión de fondo no es la figura de Nicolás Maduro, sino el método elegido para resolver un conflicto político. Cuando la fuerza reemplaza al derecho, el daño trasciende al gobierno de turno y se proyecta sobre toda la sociedad.

La experiencia demuestra que las intervenciones militares extranjeras rara vez construyen democracia. Más bien, suelen sembrar inestabilidad, resentimiento y violencia a largo plazo.

Para América Latina, permitir que esa lógica se instale es aceptar que la región deje de ser un territorio sin guerras para convertirse en un nuevo escenario de disputa global. Y ese es un costo que, como muestran Irak y Afganistán, se paga durante generaciones.